POR LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA

Quito, 25 de septiembre de 2.009.- El movimiento indígena del Ecuador, con toda la fuerza social de la CONAIE, ECUARUNARI, juntas de agua de regantes y agua potable denunciamos al país que la información tergiversada que el gobierno nacional está transmitiendo estos días  es para ocultar  todo el acaparamiento de aguas  que esta en manos de la oligarquía.
 

Aclaramos que por parte del gobierno  no existe la  voluntad política para realizar cambios profundos y reales que destierren definitivamente el modelo económico neoliberal que ha llevado al Ecuador a profundizar la inequidad social, económica y la exclusión sistemática. Denunciamos que  nuestras propuestas enviadas al gobierno de la “Revolución Ciudadana” no han sido acogidas,  por el contrario han sido invisibilizadas.  La propuesta de Ley de Aguas que presentamos el 19 de Noviembre del 2008 en el sector del Cajas de Pichincha en presencia de los asambleístas de Alianza País y de más de 20.000 compañeros y compañeras  prácticamente fue echada al tacho de basura y no tuvo el más mínimo análisis por parte de la actual Asamblea Nacional.

A esta estrategia de mentiras que ha montado el gobierno de Rafael Correa contra las organizaciones sociales, indígenas y campesinas se suma las verdades a medias donde se detecta el afán de la continuidad concentradora que tiene el proyecto de ley de aguas del gobierno.

Por esta razón y en pro de que exista un debate  serio de los contenidos de estas leyes y para que sean realmente revolucionarias, puntualizamos el siguiente análisis:

El Gobierno Nacional señala que la propuesta de ley orgánica de los recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua no es privatizadora, según consta en el Art. 3, esto es una verdad a medias; puesto que en diversos artículos entre ellos  el  articulo 67 muestra claramente la concepción mercantilista que tiene el gobierno sobre el agua, así leemos: “…en su otorgamiento priman las consideraciones de carácter económico y de mercado…”. En el Art. 73, leemos: “Se otorgarán autorizaciones de aprovechamiento económico del agua para actividades mineras, de manera prioritaria para aquellos proyectos de interés nacional que contemple el Plan Nacional de Desarrollo.” Esto demuestra la concepción mercantilista de este proyecto de ley que concibe al agua como mercancía.

Es necesario aclarar al pueblo ecuatoriano  que este proyecto de ley tampoco permite la desprivatización del agua. La actual distribución demuestra una concentración de éste recurso en manos de sectores oligárquicos, es así que:

*64 % del caudal del agua se encuentra en manos privadas
* 13% para las comunas y juntas de agua
*1% de los “beneficiarios” concentra el 63% de la tierra y 64% del caudal del agua para riego
*99% de los beneficiarios comparte el 37% de tierra y capta tan solo el 36% del agua para riego

La distribución inequitativa del agua se refleja en casos como el de la parte baja de la cuenca del Guayas; Chilintomo, Chanchán, Chimbo, Bulubúlu, Cañar y Jahua, que poseen 45 mil 742 litros por segundo, de los cuales el 76% del caudal va a solo 61 empresas con un promedio de 566 litros por segundo para cada hacienda.

En contraste, cerca de 1000 campesinos y agricultores propietarios de fincas que producen alimentos para el país, captan apenas el 24%, con un caudal promedio de 11 litros por segundo por finca; y en cambio empresas que cultivan productos de exportación concentran el 76% de agua en sus tierras.

Como actores históricos en el manejo y administración del agua, que con mucho esfuerzo hemos construido en base a mingas los sistemas de riego, rechazamos la intención del gobierno de expulsarnos del derecho a administrarlos como desde hace décadas lo venimos haciendo. No aceptaremos jamás constituirnos en instancias solamente consultivas, porque eso significaría estar bajo los intereses de los gobernantes de turno, de los sectores oligárquicos y las transnacionales que pretenden a toda costa tener el control y usufructo del líquido vital.

Comunicación ECUARUNARI
ECUACHASKI