EL DERECHO DE MARCHAR

La marcha por el agua y por la vida, encabezada por sectores sociales, campesinos e indígenas busca mostrar una postura crítica en contra del extractivismo y la minería. El Gobierno, antes cercano a las consignas y proclamas conservacionistas de algunas de estas organizaciones que le apoyaron, incluso, en su plataforma política, optó por la vía del pragmatismo y firmó un gran contrato de explotación minera a cielo abierto con una empresa china para extraer cobre durante los próximos 20 años.

El 8 de marzo, varios dirigentes iniciaron desde Zamora (en el suroriente) una larga caminata. A su paso por varias capitales serranas ha recibido muestras de apoyo y sumas de dirigentes locales. Llamó profundamente la atención que el Gobierno, sus operadores de propaganda, sus huestes clientelares hayan montado una contramanifestación. Hablan de una vigilia hasta el 22 de marzo cuando debe arribar a Quito la marcha popular. Lo que no es aceptable de modo categórico es la millonaria campaña propagandística dirigida a desacreditar la marcha, tildarla de golpista y desestabilizadora, con lo cual pretende restarle legitimidad.

Si el Gobierno y sus entes de inteligencia tienen algún indicio de afanes golpistas deben denunciarlos al país con pruebas fehacientes. No sería aceptable que eso ocurra, pero tampoco es aceptable la paranoia y el afán de imponer en el país un solo criterio sobre las cosas.

Las marchas indígenas llegaron en los gobiernos de Rodrigo Borja y Durán Ballén. Las protestas sindicales existieron en tiempos de Roldós, Hurtado y Febres Cordero.

Vivir en democracia supone tolerar a quienes piensan y tienen las posturas distintas. Estas deben dirimirse sin violencia ni confrontación.

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