LA REVOLUCION CIUDADANA ACORRALADA POR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Con el veto total al Proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo ratifica su profunda deuda social, agraria,  acuícola y ambiental. La fuerza del 22M deja al desnudo el temor y la angustia que le causa al gobernante la participación ciudadana garantizada en la Constitución. El artículo 85 de la  Constitución establece que “En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.” La movilización que para el gobernante era de “cuatro pelagatos, ecologista infantiles, caspi humas, terroristas, saboteadores, mentirosos”, o lo que hoy para los acaparadores y privatizadores son “indios que cambian espejos por frecuencias”, permite evidenciar el pacto mediático y factico del régimen con los acaparadores y privatizadores.

El terrible temor a la participación social, hoy movilizada y firme le pone en vilo al Presidente, hasta al punto de verse abocado a vetar totalmente la CONSULTA PRELEGISLATIVA, un derecho Constitucional, que se sustenta además en los tratados internacionales, el derecho más importante que restituye toda la violencia sistemática e impositiva que ejercieron todos los gobiernos de turno sobre las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, el Pueblo Montubio y Afroecuatoriano. Las poblaciones ancestrales son consideradas no sujetos de derechos y menos merecedores de consulta, la violencia colonial se ratifica en la REVOLUCION CIUDADANA, violentando los derechos colectivos.
 
El sistemático sometimiento del régimen a las potencias mineras y petroleras, que recibieron de manos de la REVOLUCION CIUDADANA millones de hectáreas de zonas de alta biodiversidad, de fuentes de agua y de posesión ancestral de comunidades, pueblos y nacionalidades, de manera INCONSULTA, es decir sin cumplir con el derecho colectivo a la CONSULTA PREVIA. Lo propio ha hecho la Función Legislativa controlada por el oficialismo, hasta el momento ni una Ley ha sido consultada a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, como ejemplo de ello,  el Código de Ordenamiento Territorial COOTAD, Ley de Educación Intercultural, Ley de Educación Superior, Ley de Economía Popular y Solidaria, entre otras que afectan gravemente los derechos colectivos, a pesar de estar vigente la Sentencia de la Corte Constitucional que exige a la Asamblea Nacional ha cumplir con el derecho a la CONSULTA PRELEGISLATIVA.
 
Este hecho se comprende además en el contexto de la mayor deuda de la revolución ciudadana CON LA SOBERANIA ALIMENTARIA. La Ley de Aguas ya cumplirá dos años de espera a la convocatoria a LA CONSULTA PRELEGISLATIVA.  La Ley de Tierras después de cinco años de revolución ciudadana, las Comunidades, Pueblos, Nacionalidades, Organizaciones Campesinas y Sociales se vieron abocadas a presentar por iniciativa ciudadana. El ejecutivo evade olímpicamente su responsabilidad legislativa establecida en el Art. 135 de la Constitución, “Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de Ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.”
 
Una Ley de Tierras que no crea, modifique o suprima impuestos no es completa, una Ley de Tierras que no incorpore la inversión o el gasto público es insuficiente, de esta manera se agudiza la deuda de la REVOLUCION CIUDADANA con el sector agropecuario y acuícola, sin contar con las Ley de Biodiversidad y Semillas, de Comercio Justo, Crédito para la Soberanía Alimentaria, Seguro y Subsidios para la producción agropecuaria y acuícola, Sanidad Animal y Vegetal, Agroindustria y Empleo Agrícola entre otras.
 
Así el Acaparamiento, la privatización, la contaminación del Agua, La Tierra y el Espectro Radioeléctrico se mantienen intactos, intocados, y se proyectan como los mayores usufructuantes de los favores del gobierno de la REVOLICION CIUDADANA.

 
Geronimo Yantalema
Asambleísta Por Chimborazo
Del Estado Plurinacional Ecuatoriano